Desidia Catastral

En su mensaje de despedida, la Junta de Gobierno Provisional (15/01/04) advirtió a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que al momento de redactar las nuevas leyes del país se tomara en cuenta que: “Las tierras que hoy recorremos con la vista desde la frontera de Costa Rica hasta las soledades del Darién no son nuestro patrimonio exclusivo; son la herencia de las generaciones futuras que vienen atropellándose a buscar su puesto en el concierto de los pueblos y de las razas; y esas generaciones tienen derecho a los mismos bienes que nosotros; tienen derecho a que no las desposeamos de su parte de sol, de calor y luz”.

Esta “herencia generacional” está constituida por lo que actualmente se conoce como bienes del estado y bienes de uso público (islas, playas, ríos, manglares, áreas protegidas), que no pueden ser objeto de apropiación privada. Pero todo el empeño patriótico y visionario de aquellos gobernantes —hasta 1994— se ha venido desmoronando en las administraciones “democráticas” de Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos; de mil maneras, activas u omisivas, en estas administraciones se ha conspirado para que estos bienes de uso público se privaticen o sean usufructuados, sin concesión administrativa, por funcionarios públicos y particulares allegados a los círculos de poder que se confabulan y encubren en sociedades fantasmas que deliberadamente se constituyen para despojar al estado de su patrimonio.

Por mandato de la Constitución y la Ley, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), través de la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales (DGCBP), tiene la custodia de los bienes del estado y de uso público. Pero la DGCBP está virtualmente inmersa en la desidia. Gracias a esta sospechosa desidia de los custodios de los bienes públicos, el país entero es objeto de una rapiña sin precedentes, al extremo de que en Chiriquí y en el resto del país se están talando centenares de hectáreas de manglares; se están vendiendo islas, lotes en los bancos de arena de las playas y se están realizando costosas construcciones, sin concesión administrativa, con el conocimiento y consentimiento tácito de la DGCBP, en terrenos que son del estado y de uso público.

En banco de arena de la playa La Barqueta se han realizado y se siguen realizando construcciones ilegales; públicamente se anuncia la venta de lotes a particulares en sumas astronómicas, justificándose estos ilícitos con el cuento de embuste de que hay viejos títulos de propiedad privada que llegan hasta la orilla del mar y se internan en sus aguas. El DGCBP, requerido judicialmente por los ambientalistas chiricanos, ha dicho tajantemente que esas tierras no son privadas sino del estado. Que la DGCBP no ha otorgado concesión administrativa a los usurpadores plutocráticos de esta playa ni mucho menos permiso para que personas naturales o jurídicas vendan lotes de estos terrenos a particulares.

Sin embargo, el DGCBP, teniendo pleno conocimiento de estas anomalías, nada hace para detener estos actos ilícitos ni mucho menos para sancionar a quienes sistemáticamente, con la complicidad de los tres últimos gobiernos, han venido apoderándose, para beneficio privado, de bienes que son del estado y de la colectividad. ¡Qué linda custodia tienen ahora estos bienes de uso público! ¡Que transparencia más risible es la que nos ofrece “patria nueva” cuando a la cabeza de esta conspiración contra el estado nos encontramos a los mismos personeros del estado haciendo de promotores de estas actividades que violan la ley, corrompiendo a concejales ambiciosos o inexpertos o queriendo intimidar a las pocas personas que han tenido las agallas de oponerse y de denunciar esta millonaria lesión patrimonial disfrazada de “empleomanía” y de desarrollo turístico!

En la playa La Barqueta no rigen las leyes de catastro. El mismo gobierno —a través de instituciones públicas como ANAM, IPAT, AMP, MIVI, Gobernación y Concejo de Alanje— otorga su bendición oficial para que los promotores de estos proyectos ilegales sigan lesionando el patrimonio del estado. ¡Impunidad Catastral! ¡Impunidad ambiental! En síntesis, impunidad que lleva al estado a convertirse en victimario del mismo estado para favorecer a socios, familiares, amigos y allegados al poder de “patria nueva”.

Y el problema de la impunidad, como he señalado en otras ocasiones, es que genera más impunidad. Gracias a esta “apatía” catastral, este ejemplo pernicioso de La Barqueta ha hecho posible que por todos partes de la provincia y del país se estén levantando alambradas hasta las orillas del mar, que se estén vendiendo islas y lotes de playa y de manglares a extranjeros, que se talen centenares de hectáreas de manglares y se impida el acceso a los ríos navegables. ¿Quién iba a creer que sería este gobierno, que nos prometió una patria nueva, el que nos iba dejar a merced de la impunidad y de la desdicha de saber que las futuras generaciones no tendrán derecho a un pedazo de patria, ni vieja ni nueva? ¡Los miembros de la Junta de Gobierno Provisional han de estar revolcándose en su tumba!