Los desafueros del “Tommy Guardia”

La prestigiosa trayectoria del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” (IGNTG) ha llegando a su fin; el IGNTG ha dejado de ser una entidad seria, científica y apolítica para convertirse en un ente politiquero que, violando sus propios estatutos, se dedica a hacer inspecciones e informes amañados, por encargo, para legitimar, verbigracia, las brutales y descaradas arbitrariedades que cometen las “autoridades” municipales del distrito de Alanje para favorecer a una familia pudiente sita en la playa La Barqueta que, con la complicidad de funcionarios corruptos de éste y los anteriores gobiernos, pretende apoderarse de bienes (playas, ríos, manglares, humedales, servidumbres públicas y otros) que por mandato de constitucional y legal son de uso público, pertenecen al estado, no son adjudicables a título privado y se hallan destinados al goce pacífico, gratuito e ininterrumpido de todos los nacionales y extranjeros que vivan o visiten nuestro país.

Esta familia ofrece en venta y por sumas astronómicas (véase: www.barqueta.com) lotes que incluyen total o parcialmente la zona de 22 metros de la servidumbre pública de esta playa; allí se levantan construcciones con planos fraudulentos aprobados por la Administración Provincial de Catastro en éste y el anterior gobierno; se prohíbe —con el auxilio de una guardia privada y de policías nacionales corruptos— que los ciudadanos puedan usar la playa y su servidumbre con el cuento de que ésta es una propiedad privada; se ha procedido al secado de un humedal (reservorio de vida silvestre; si concesión, estudio de impacto ambiental ni nada) que estaba en tierras del estado; se otorgan permisos de construcción sin que las autoridades municipales hagan las inspecciones y avalúos necesarios (los impuestos cobrados no coinciden con los costos declarados de estos proyectos que generan cuantiosos beneficios a sus dueños y promotores y migajas a quienes avalen estas irregularidades).

Según los planos del IGNTG, de la Contraloría y hasta de los mismos usurpadores de esta playa, amén de los testimonios y de las certificaciones del MOP, existe una amplia red de caminos públicos que durante siglos han utilizado productores, pescadores y vecinos del área para llegar a esta playa de 23,5 kilómetros de largo. Desde hace más de un año, la única vía pública que comunicaba directamente al corregimiento de Palo Grande con La Barqueta ha sido cerrada arbitrariamente. Se puso la denuncia ante el Alcalde de Alanje, se aportaron las pruebas arriba citadas; para no resolver oportunamente el problema, este alcalde abusivo decretó la práctica oficiosa de otras pruebas, incluyéndose una inspección del IGNTG. Un funcionario del IGNTG, de apellido Pinilla, hizo la inspección; elaboró un informe donde manifestaba que de conformidad con los planos del IGNTG y de la Contraloría, una certificación del MOP, los testimonios de los vecinos y la disposición del Código Civil que señala que después de veinte años de uso continúo un camino privado se hace público, el camino que conduce de Palo Grande a La Barqueta es una vía pública.

Pero el director del IGNTG, Jaime Alfredo Toral Boutet, jamás quiso firmar este informe —¿lo echó a la basura?— y mandó a hacer otras supuestas inspecciones, sin la participación de los denunciantes y de la comunidad, con personal de PRONAT, utilizando planos y documentos suministrados por quienes mantienen cerrada esta vía pública, y ha concluido salomónicamente que este camino, que en su parte final atraviesa tierras de propiedad de estado, actualmente solicitadas en compra al MEF, que tiene más de cien años de uso, es una vía privada. ¿Cómo se explica que el director del IGNTG le dé más valor a unos planos demostrativos sospechosos y a documentos espurios que a los planos elaborados por la misma institución que él dirige y donde aparecen como públicas ésta y demás vías aledañas a La Barqueta, hoy todas cerradas?

La semana pasada visité al director del IGNTG y éste, visiblemente avergonzado, me dijo que lo del IGNTG es una opinión, que corresponde a Catastro decidir el asunto, y que le habían jalado las orejas porque el IGNTG no es competente para conocer esta materia. Sin embargo, el nuevo informe ya fue entregado extemporáneamente a la “autoridad” que lo solicitó y ésta, públicamente, en horas trabajo, violando la reserva del sumario, anuncia en los medios de comunicación que en derecho, según dictamen del IGNTG, ésta es una vía privada y que la misma no será reabierta. En otras palabras, una institución de vieja y reconocida trayectoria científica y apolítica, ha sido utilizada por los traficantes de influencias y autoridades serviles para cometer un crimen sin precedentes como lo es despojar a los moradores de Palo Grande de su único acceso directo al mar.

Empero, el Comité Pro Rescate de Alanje luchará en todos los terrenos para poner fin a estas y otras injusticias que descaradamente cometen las autoridades —municipales, provinciales y nacionales— en perjuicio del estado y de los ciudadanos para proteger a quienes con total impunidad se apropian, venden y destruyen de los bienes de uso público de nuestro distrito. Y lo más bochornoso de todo esto es que haya sido el IGNTG la última institución que, por acción u omisión, se esté sumado a esta conspiración criminal que se ha orquestado para despojar a los moradores de Palo Grande de su único acceso directo a la playa La Barqueta. ¡Qué vergüenza!