Desastre catastral

El catastro es el censo descriptivo de las fincas rústicas y urbanas. Es un censo o registro que, según Roque Barcia, contiene la cantidad y el valor de los bienes inmuebles y los nombres de los propietarios; sirve para determinar la contribución imponible en proporción a sus productos o rentas. Se trata de una operación técnica vital —geodésica, topográfica, agronómica y fiscal— para que el estado pueda determinar la extensión, calidad, cultivo, aplicación y valor de los inmuebles existentes en el territorio de una nación. El catastro es, para decirlo metafóricamente, el corazón de un estado derecho que, por un lado, garantiza el derecho de propiedad (pública y privada) y, por el otro, impone obligaciones necesarias a los titulares de este derecho.

En Panamá, esta debería ser la labor de la llamada Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales. Pero los usuarios del organismo catastral no sólo hemos sido víctimas sino también cómplices de una institución jurásica que maneja los intereses de la sociedad de una manera que raya en lo delictivo; no sólo porque se mantiene sin renovar este censo (fincas inscritas sin valor catastral o con valores irrisorios asignados en los albores de la república) sino también porque de hecho se sabotean las recaudaciones fiscales manteniendo en las pantallas de la institución informaciones desactualizadas de fincas, saldos o morosidades inexistentes (inventadas por la negligencia burocráticas) y poniéndole al usuario todas las trabas imaginables para que éste deje de pagar los impuestos que tanto necesita el país para oxigenar sus finanzas deficitarias.

Un sistema fiscal eficiente requiere de muchas cosas (actualización, innovación, profesionalismo, etc.). Pero su éxito depende esencialmente de una estrecha coordinación con las otras instituciones que hacen de eslabones de este sistema tributario: Registro Público, Catastro y la Dirección de Ingresos. Las leyes de estas dependencias así lo contemplan. Empero, resulta inconcebible que diez, quince o veinte años después de inscrita una finca en el Registro Público, esta información nunca llegue a Catastro para que se actualicen los datos del nuevo propietario y esencialmente para que Ingresos, dependiendo del caso, cobre los impuestos dejados de pagar o expida el respectivo paz y salvo que la ley le exige a los contribuyentes para realizar transacciones inmobiliarias y de otra naturaleza.

En cualquier país civilizado, al contribuyente se le brinda todo tipo de comodidades para que pague sus impuestos (por Internet, correo ordinario, cobradores a domicilio). Pero aquí en Panamá, con patria nueva o vieja, todo pareciera encaminado a que impere la pobreza, la pereza, la anarquía fiscal y un apego enfermizo por lo arcaico en pleno apogeo de la cibernética. La obligación de mantener actualizada la información de las fincas y de sus respectivos valores catastrales es de Catastro, Registro Público y de Ingresos, no de los contribuyentes. No hacerlo implica culpa, negligencia y dolo (delito de incumplimiento de los deberes de los servidores públicos) y un patético desprecio a corto y a largo plazo por la salud de la cosa pública.

¿Cómo es posible que usted vaya a sacar un paz y salvo de renta y le digan que su finca, a adquirida hace veinte años, todavía está a nombre de otra persona? ¿Cómo es posible que usted muestre su escritura inscrita en el Registro Público y le nieguen dicho paz y salvo y que en vez de recibir una disculpa lo manden a Catastro con una fotocopia de su escritura para que se la actualicen? ¿Cómo se explica que en pleno apogeo de la cibernética usted tenga que esperar quince (15) días hábiles para que le actualicen los datos su finca o para que le borren impuestos atrasados que usted no debe pagar? Esto es bochornoso, vergonzoso, indigno, más propio de un país africanizado que de uno civilizado.

Este desastre catastral es estructural. Desastre geodésico, topográfico, agronómico, fiscal, administrativo e ideológico. Hoy me quejo —como ciudadano— de lo fiscal-administrativo, el pan nuestro de cada día. Pero desde ya adelanto el tema ideológico de este desastre catastral. ¿Se atreverá “Patria Nueva” a impulsar una actualización catastral, científica y equitativa, que tome en cuenta la extensión, ubicación, calidad, cultivo y otras aristas de todos los inmuebles existentes en el territorio nacional? ¿Se atreverá el comandante Colamarco a dar los primeros pasos para que en forma inmediata Catastro deje de ser, administrativamente, un ente jurásico donde son los contribuyentes los eternos castigados por la negligencia crónica y exclusiva de una institución que aún parece no entender que el mundo cambia segundo a segundo y que somos los contribuyentes los catalizadores de estos cambios?