¡Que se queden los magistrados!

La administración de justicia (AJ) coexiste como un quehacer interdependiente de las actividades públicas y privadas de una nación. De allí que los vicios —reales o presuntos— que aisladamente suelen atribuírsele a la AJ no sean más que un cadavérico perfil de las disoluciones sociales. Como abogado, entiendo perfectamente el alcance de la corrupción judicial. Sin embargo, ni en Panamá ni en ninguna otra nación podrá existir una corte de impolutos magistrados si el sistema jurídico de esa sociedad lo conciben timadores para beneficio de timadores; tampoco hay méritos para que la opinión pública hipócritamente exija pureza a la AJ si no se la exige a sí misma o si nada hace para impedir que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sean escogidos por un Ejecutivo que tiene una visión bursátil de la justicia o para evitar que éstos sean ratificados por una asamblea de diputados, corrupta y servil, que no responde a la voluntad de las mayorías sino a las ambiciones y caprichos de una minoría plutocrática que, por sí misma o tras la fachada de sociedades anónimas o de cartón, se ha enriquecido y se sigue enriqueciendo al socaire de la impunidad legal y moral que se genera intencionalmente para saquear a este empobrecido país.

El filósofo Santayana sostenía que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Panamá, como país de tránsito y economía parasitaria, tiene una tradición de corrupciones e injusticias que se remonta a la época colonial. Estas prácticas subsisten y se perfeccionan gracias a la ignorancia de la población y a la habilidad gubernamental para presentarnos viejos problemas como males exclusivos de una institución o del anterior gobierno cuando se sabe que la corrupción es el resultado de la acción deletérea de la minoría privilegiada que afanosamente busca controlar, para su propio beneficio, los distintos órganos del estado. Esa minoría fue certeramente bautizada por Rodolfo Aguilera (1963) como Rosca, S.A. Los miembros de esta Rosca son auténticos dramaturgos empecinados en hacerle creer a la población que la corrupción es un problema del pasado o que el actual gobierno no cumple sus promesas de transparencia porque heredó, para citar un ejemplo, una administración de justicia retorcida por la influencia de dos magistrados que fueron escogidos por una presidenta ambiciosa y maquiavélica que a fuer de sobres amarillos y relojes Cartier hizo doblegar la voluntad de “virtuosos” diputados gobiernistas u oposicionistas.

Como no se quiere entender que en Panamá hay una fusión en vez de una separación de poderes o que estamos gobernados por una Rosca (de torrijistas, arnulfistas y de toda clase de bribones) y que ésta es la única promotora y beneficiaria de cualquier forma de corrupción, se ha emprendido una lucha, irresponsable y errática, para sacar anticipadamente y a patadas a los actuales magistrados de la CSJ porque —según sostiene la sociedad civil, el gobierno y sus consejeros yanquis— la falta de justicia o la degradación moral que azota al país es un pecado exclusivo de los magistrados, jueces y demás administradores de justicia. Pero la verdad es otra. La mayor tragedia que pueda sufrir un país consiste en que éste sea “gobernado” por un partido único o que los integrantes de los órganos del estado sean como fichas de un juego de monopolio o personas volubles que súbitamente cambian su “ideología” para servir o servirse de la susodicha Rosca que aumenta sus riquezas en la misma proporción en que sumerge al país en un océano de corrupción, miserias e injusticias de todo género.

Hay quienes creen que existe alguna pizca de sinceridad cuando el gobierno aborda el tema de la justicia o que éste siente algún remordimiento por la corrupción imperante. ¡Nada más alejado de la realidad! El de patria nueva es el gobierno más corrupto e hipócrita de la historia republicana. El más gringuero. El más farsante y antinacional. El mayor promotor de tráficos de influencias e intransparencias. El mayor fabricante de leyes sádicas (como la ley de caza) o antinacionales (como la que busca privatizar bienes de uso público como islas, playas y manglares) para beneficiar a sociedades anónimas cuyos dignatarios son allegados a palacio o altos funcionarios de este gobierno que predica transparencia y práctica la corrupción.

Esto no significa que comparta las iniquidades (como la persecución a periódicos y periodistas) de los actuales magistrados de la CSJ. ¿Pero qué sería de este pobre país si la Rosca que hoy nos desgobierna llegara a controlar a los magistrados de la CSJ como ahora domina a este elenco de diputados cómplices y sumisos? Y es que con el cuento de combatir la corrupción, este gobierno y sus amos gringos hace rato están tratando de instaurar una CSJ que sea más dócil y corrupta y que esté al servicio de la millonaria maraña de negocios turbios que proliferan en el país del canal. El único camino que le queda a este pueblo angustiado es utilizar la corrupción para combatir la corrupción: ¡Que se queden los magistrados!